El país que decide cuándo sobramos
El mensaje pareciera quedar claro: para los hispanos, la legalidad en el país es frágil. La pertenencia latina es siempre provisional, siempre negociable, siempre sujeta a la próxima crisis.
La expulsión del hispano americano como válvula política es un fantasma recurrente de la historia estadounidense, reapareciendo cada vez que el país decide que el problema no es estructural, sino humano.
Desde Theodore Roosevelt en 1901 hasta Donald J. Trump en 2026, la inyección de miedo e impotencia a los hispanos americanos mediante tragedia y violencia se han repetido.
1901–1909
Población de Estados Unidos: 95 millones
Número de hispanos: 1 millón
El “Only English” y la americanización forzada
Bajo la presidencia de Theodore Roosevelt, se consolidó una idea que marcaría por décadas la relación del Estado estadounidense con las comunidades inmigrantes: la americanización forzada. Roosevelt nunca impulsó una ley federal explícita de Only English, pero no la necesitó. Su famosa afirmación, “tenemos espacio para un solo idioma, y ese es el inglés”, funcionó como doctrina política y cultural. En nombre de la unidad nacional, el bilingüismo fue presentado como una amenaza y el español como un obstáculo para la lealtad cívica. El mensaje era claro: hablar otro idioma no solo era innecesario, era sospechoso.
Para los hispanos, mexicoamericanos en el suroeste y puertorriqueños tras la invasión de 1898, este período significó el inicio de una ciudadanía condicionada. En las escuelas se castigaba a los niños por hablar español; en la vida pública se les exigía renunciar a su lengua para demostrar pertenencia. No se trataba de integración, sino de borrado cultural. Esta fue la primera gran paradoja de la experiencia latina en Estados Unidos: comunidades ya arraigadas en el territorio eran tratadas como extranjeras permanentes. El “Only English” fue el cimiento simbólico de un ciclo que se repetiría una y otra vez: aceptación económica, rechazo cultural y silencio histórico.
La población hispana seguía creciendo. De medio millón de hispanos, esa población aumentó a casi un millón en la década de 1900, representando cerca del 1 % del total de la población del país.
Un periódico en defensa de los hispanos en Texas
Los medios de comunicación en español eran la principal herramienta para combatir la discriminación por parte de las autoridades. Jovita Idár, periodista, maestra y activista texana, desde el periódico de su familia La Crónica denunció la segregación escolar, la violencia contra mexicoamericanos y la imposición del inglés como herramienta de subordinación. En 1911 se plantó físicamente frente a las autoridades policiales tejanas para impedir el cierre del periódico. No era una rebelión armada: era resistencia cívica, intelectual y lingüística contra el gobierno regional y federal, que buscaba impedir la operatividad de los periódicos en español que apenas resurgían. El eslogan de La Crónica decía: “Dedicados a defender los intereses de mexicanos y mexico-tejanos en Texas. Laboramos contra el fanatismo, la ignorancia y la superstición”.
1930–1940
Población de Estados Unidos: 132 millones
Número de hispanos: 2 millones
Durante las presidencias de Herbert Hoover y Franklin D. Roosevelt, el gobierno estadounidense deportó a más de doscientos mil mexicoamericanos. Fueron los años de la Gran Depresión económica, cuando Estados Unidos vivió uno de los episodios más incómodos y menos contados de su historia moderna: las llamadas “repatriaciones mexicanas”. Bajo la lógica de la crisis, el país decidió que el desempleo se combatía expulsando cuerpos. Cerca de un tercio de la población de origen mexicano fue deportada o empujada a “regresar” a un país que muchos no conocían. El dato más perturbador quedó enterrado durante décadas: hasta el 60 % eran ciudadanos estadounidenses. No se cumplieron procesos legales, no se realizaron juicios ni se respetaron las garantías constitucionales. Un recordatorio brutal de que la ciudadanía hispana podía ser revocable en tiempos de crisis.
El impacto fue devastador y duradero. Familias enteras se fracturaron; niños ciudadanos cruzaron la frontera sin comprender por qué; comunidades completas desaparecieron del mapa social. No hubo disculpa oficial durante generaciones, ni libros de texto que explicaran el daño. El trauma quedó encapsulado en la intimidad familiar. Reconocer esta historia públicamente habría implicado aceptar que el Estado expulsó a su propia gente.
Una periodista guatemalteca en defensa de la comunidad mexicoamericana
Luisa Moreno nació como Blanca Rosa Rodríguez López en Guatemala, en 1907, en el seno de una familia acomodada. Era periodista y poeta. Emigró a Nueva York. Fue allí donde su conciencia política se afiló. Se involucró en la lucha sindical, organizó a costureras latinas y descubrió pronto que incluso los sindicatos progresistas podían reproducir las mismas jerarquías raciales que decían combatir.
Su paso por la International Ladies’ Garment Workers Union y luego por la American Federation of Labor fue decisivo. Moreno chocó de frente con el racismo estructural del movimiento obrero anglosajón: contratos negociados por ella eran modificados sin consultar a los trabajadores negros y latinos; promesas de apoyo se diluían cuando los obreros no eran blancos. Se mudó a Texas, donde organizó la histórica huelga de pecan shellers en San Antonio, y después, en California, se convirtió en leyenda. La llamaban “California Whirlwind” porque iba de planta en planta organizando trabajadores agrícolas y de enlatado, logrando aumentos salariales, mejores condiciones laborales y algo revolucionario para la época: guarderías dentro de los centros de trabajo.
Pero su liderazgo fue más allá del sindicato. En 1941 se convirtió en la primera latina en ocupar una vicepresidencia nacional de un sindicato en Estados Unidos y fue la principal arquitecta de El Congreso de Pueblos de Habla Española (“The Spanish-Speaking Peoples’ Congress”), el primer encuentro nacional de derechos civiles latinos en el país. Al mismo tiempo, organizó comités de defensa para jóvenes chicanos perseguidos, entendiendo que la violencia racial y la explotación laboral eran partes del mismo sistema. Su activismo le costó caro: vigilancia, persecución y eventual expulsión del país. Dejó como legado la certeza de que la lucha hispana en Estados Unidos se lograba exigiendo dignidad, incluso cuando hacerlo significaba quedarse sin patria. Falleció en su natal Guatemala en 1992, a los 85 años.
1954–1955
Población de Estados Unidos: 166 millones
Número de hispanos: 3.5 millones
En 1954, bajo la presidencia de Dwight D. Eisenhower, el Estado estadounidense decidió militarizar la inmigración. La llamada Operation Wetback fue diseñada por el general retirado Joseph May Swing y ejecutada por el Departamento de Justicia como si se tratara de una campaña bélica. Redadas, trenes, autobuses y operativos sorpresa. El objetivo oficial eran inmigrantes indocumentados mexicanos; la práctica fue mucho más amplia y brutal. Ciudadanos estadounidenses y residentes legales también fueron detenidos y deportados, atrapados en una lógica donde el color de piel y el acento bastaban como prueba.
La operación no surgió en el vacío. Durante décadas, millones de trabajadores mexicanos habían entrado legalmente a Estados Unidos, primero por acuerdos bilaterales y luego a través del Programa Bracero, creado durante la Segunda Guerra Mundial para suplir la falta de mano de obra. Operation Wetback fue impulsada por una coalición de poderosos agricultores y empresarios que, tras beneficiarse del trabajo mexicano, exigían ahora “orden” y “control”. El problema nunca fue la inmigración, sino quién tenía derecho a quedarse cuando la economía cambiaba sus necesidades de mano de obra.
Las cifras oficiales hablan de cientos de miles de “returns” en menos de un año, pero los números no capturan el daño. Nuevamente, familias separadas, comunidades aterrorizadas, personas abandonadas en zonas remotas de México sin recursos ni explicaciones. La operación terminó pocos meses después, no por un cambio moral profundo, sino por violaciones evidentes a los derechos humanos que ya no pudieron ocultarse.
Activistas, iglesias y los medios en español lograron que se detuviera la agresiva persecución. Ernesto Galarza, intelectual y organizador laboral mexicanoamericano, documentó cómo Operation Wetback destruía comunidades enteras mientras los mismos agricultores seguían dependiendo del trabajo mexicano.
Desde el sindicalismo, César Chávez y Dolores Huerta comenzaron a organizar trabajadores agrícolas en California precisamente en ese clima de terror migratorio. Aunque no encabezaron una campaña directa contra la operación, su labor fue profundamente subversiva: organizar a trabajadores que el Estado trataba como desechables. Defender derechos laborales en ese contexto era, de facto, una forma de resistencia civil.
También hubo resistencia desde las iglesias. Sacerdotes católicos y pastores denunciaron públicamente las redadas, ofrecieron refugio, acompañaron a familias y presionaron a autoridades locales. No siempre dejaron archivos, pero fueron la única presencia institucional del lado de los deportados. Y los periódicos en español y periodistas comunitarios documentaron abusos que la prensa nacional ignoró, creando una memoria alternativa cuando el Estado apostaba al olvido. Comenzaban a florecer algunas estaciones de radio hispanas que transmitían en vivo y advertían sobre la presencia militar antiinmigrante.
1986–1996
Población de Estados Unidos: 269 millones
Número de hispanos: 28.4 millones
En las décadas de 1960, 1970 y principios de la de 1980 existió una especie de tregua y un resurgimiento económico apoyado por una creciente comunidad hispana, que se convirtió en pieza clave del motor económico y político de Estados Unidos, aunado al emergente liderazgo político y activista hispano con fuerte poder mediático a través del cuarto network de televisión, Spanish International Network (SIN). En el libro En Vivo desde América narro los detalles de cómo una alianza entre gobierno —principalmente durante la administración de Ronald Reagan—, SIN y un gran número de factores políticos bipartidistas y activistas comunitarios, con sus voces transmitidas a través de SIN como medio nacional y radios y periódicos regionales, venció los obstáculos impuestos por sectores de supremacía que intentaban opacar, restringir y reducir el poder hispano en el país.
Video: Alcalde de Los Angeles en 1980 abandona reunión con líderes hispanos
Mariana Pfaelzer y el límite legal a la exclusión
Fue en 1986 cuando la familia mexicana que lideraba SIN fue forzada a vender sus acciones a la empresa angloestadounidense Hallmark Cards. Sin embargo, fue también cuando la jueza Mariana Pfaelzer impuso que la venta tuviera como condición la permanencia del español. Así es como SIN se convierte en la Univision que conocemos hoy en día. Fue la jueza californiana quien reflejó su entendimiento de la importancia cultural y social del canal, más allá de su valor comercial.
“Años más tarde, en 1995, la jueza Pfaelzer volvió a hacer historia cuando anuló la Propuesta 187, una iniciativa aprobada en 1994 por casi el 60 % de los votantes de California. La Propuesta 187, también conocida como la iniciativa Save Our State, proponía establecer un sistema de verificación de ciudadanía a nivel estatal y prohibir que los inmigrantes indocumentados utilizaran servicios de salud no urgentes, educación pública y otros servicios en el estado. Aunque entendía que los californianos estuvieran frustrados con la ineficaz aplicación de las leyes de inmigración por parte del gobierno federal, la jueza Pfaelzer declaró: “La autoridad para regular la inmigración pertenece exclusivamente al gobierno federal”. Esta decisión allanó el camino para otros fallos judiciales que anularon leyes estatales y locales que intentaban negar vivienda y otros beneficios a los inmigrantes indocumentados, o que permitían a policías estatales arrestar a sospechosos de estar ilegalmente en el país.” Texto tomado del libro En Vivo desde América: Como la TV Latina conquistó Estados Unidos.
2026- Ahora
Población de Estados Unidos: 347 millones
Número de hispanos: 63 millones
Hoy, después de años de crecimiento acelerado y desordenado de la migración hispana hacia Estados Unidos y de una frontera incapaz de responder con política pública, reaparece un reflejo histórico: la persecución como atajo a la solución. Durante la administración Trump/Vance, esta campaña volvió con una agresividad que no se disfraza de tecnicismo, sino que se ejecuta con redadas, retórica incendiaria y violencia visible. En las últimas semanas, escenas como las ocurridas en Minnesota confirman que el objetivo no es solo controlar flujos, sino intimidar comunidades enteras. La historia ya nos enseñó a reconocer esta secuencia: crisis, culpables, castigo colectivo. El resultado vuelve a ser el mismo: familias separadas, hispanoamericanos deportados, miedo cotidiano y personas inocentes injustamente asesinadas.
Este momento exige memoria. Theodore Roosevelt tardó una década en comprender el daño de la americanización forzada; Franklin D. Roosevelt y Herbert Hoover lograron, en diez años, expulsar a cerca de un tercio de los hispanos que hacían vida en este país; Ronald Reagan y George H. W. Bush fueron contenidos en los ochenta y noventa antes de cruzar ese umbral. Nada de esto fue inevitable. Siempre hubo frenos, voces e instituciones que obligaron a recapacitar.
En crisis anteriores, las cifras de muertos eran difíciles de comprobar, enterradas bajo reportes oficiales restringidos y la sumisión de los grandes medios a los datos del gobierno. Los pocos medios en español, con recursos limitados y bajo fuerte escrutinio, fueron a menudo los únicos en denunciar abusos y muertes. Muchas de las víctimas eran hispanos indocumentados: vidas que nunca entraron en las estadísticas oficiales, muertes que no calificaban como “víctimas estadounidenses” y que desaparecieron del registro histórico.
Lo que ha cambiado hoy es la visibilidad. Los Smart phones y la conexión inmediata en manos de testigos se han convertido en herramientas de periodismo cívico, verificadas y amplificadas por medios responsables. Las autoridades tienen cada vez más dificultad para ocultar, diluir o distorsionar el relato de un abuso, o de una muerte.
La historia vuelve a repetirse: persecución y miedo, pero el silencio ya no puede ser impuesto. La diferencia es que esta vez el registro existe. Queda la esperanza de que este nuevo ecosistema de información logre acortar el ciclo.