Hay que prestar particular atención a lo que está ocurriendo después de los recientes terremotos de Venezuela y Colombia. América Latina ya vivió una historia parecida hace cuatro décadas.
El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, un terremoto de magnitud 8.1 sacudió Ciudad de México.
La magnitud humana de aquella tragedia todavía se discute. El gobierno mexicano reconoció inicialmente entre 6.000 y 7.000 muertos. Otras estimaciones fueron considerablemente superiores. El National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos utiliza la cifra de 10.000 y la CEPAL llegó a calcular 26.000.
Cuarenta años después, seguimos sin saber exactamente cuántas personas murieron. Por primera vez en México se rompió el monopolio sobre la verdad.
El presidente mexicano en el momento Miguel de la Madrid tardó aproximadamente 36 horas en dirigirse al país. La respuesta gubernamental fue percibida como lenta e insuficiente. Mientras las autoridades intentaban controlar la dimensión política de la tragedia, ciudadanos comunes salieron con sus propias manos a buscar personas entre los escombros.
Las redes sociales no existían, pero los periodistas si, y ellos salieron a buscar la realidad.
Periódicos y emisoras comenzaron a cuestionar cifras oficiales, investigar la calidad de las construcciones, documentar posibles irregularidades y fotografiar una devastación imposible de esconder. El poder descubrió algo importante: ya no era tan fácil controlar lo que la sociedad podía ver.
Hay una parte menos conocida de aquella historia que ocurrió en una mesa de redacción en Miami.
Lo cuento en el libro En Vivo desde América:
Spanish International Network, SIN, la cadena que años después se convertiría en Univision, dependía profundamente de su filial mexicana Televisa para programación, infraestructura y noticias internacionales, especialmente las procedentes de México.
Televisa, bajo presión de Los Pinos (la Casa Blanca mexicana), repetía la cifra oficial de muertos: 5.000 víctimas. Pero los principales medios estadounidenses, The New York Times, Los Angeles Times, The Washington Post y las grandes cadenas de televisión, comenzaron rápidamente a informar estimaciones mucho más altas, superiores a 10.000 muertos.
Muy pronto, las redacciones de todo Estados Unidos comenzaron a llamar a la redacción del canal hispano en Miami: ¿Por qué su cifra es tan diferente? ¿Quién está mintiendo?
René Anselmo, CEO y accionista de SIN, comprendió la gravedad de la situación. A partir de entonces, Anselmo, en contra de sus jefes mexicanos autorizó el envío de periodistas de SIN desde Miami a México. Los mexicanos en México estaban atrapados dentro de la narrativa oficial, mientras que los mexicanos en Estados Unidos no.
La frontera había creado una grieta en el monopolio de la información.
Cuarenta años después, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon Venezuela con apenas segundos de diferencia el 24 de junio.
La tragedia ha dejado 6.301 muertos según la cifra oficial del gobierno venezolano, pero existe una enorme brecha entre ese número y otros indicadores sobre la posible dimensión de la tragedia: una base de datos independiente mantiene unas 29.000 personas aún desaparecidas, mientras que durante las primeras semanas registros no oficiales llegaron a contabilizar más de 40.000 desaparecidos. La cifra definitiva de víctimas, por lo tanto, podría terminar siendo considerablemente mayor que la reconocida hasta ahora por el gobierno. Pero, nuevamente, junto con la tragedia física apareció una batalla por la información.
Mientras aumentaban las críticas por la respuesta del Estado, la presidenta interina Delcy Rodríguez rechazó las acusaciones y culpó a lo que llamó “laboratorios mediáticos” de promover desinformación.
Pero hay una enorme diferencia entre 1985 y 2026: Hoy no existe una única señal capaz de decidir lo que millones de personas pueden ver. Los periodistas tienen conexión directa con audiencias a través de las redes sociales los celulares, WhatsApp, YouTube que dan acceso a medios internacionales. Los venezolanos dentro y fuera del país comparan información en tiempo real. El poder intentó restringir el acceso, retrasar cifras y hasta cuestionar al mensajero, pero no pudo.
El 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7.4 golpeó el occidente colombiano.
Más de 250 personas han muerto y centenares permanecen desaparecidas mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.
Pero Colombia ofrece ahora otro elemento para observar. Las instituciones reaccionaron rápidamente, se activaron protocolos de emergencia y periodistas nacionales e internacionales han podido documentar extensamente la destrucción y las operaciones de rescate. Dos terremotos separados por pocas semanas en países vecinos permiten observar no solamente diferencias geológicas sino también las institucionales.
Una emergencia produce una extraordinaria concentración de poder. El gobierno controla rescatistas, policías, militares, hospitales, carreteras, estadísticas y acceso a determinadas zonas. Al mismo tiempo, millones de ciudadanos necesitan información inmediatamente para tomar decisiones que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. La información deja de ser simplemente periodismo y se convierte en infraestructura pública.
El terremoto mexicano en 1985 ayudó a revelar que detrás de la aparente estabilidad del sistema político existía una sociedad mucho más independiente de lo que el gobierno suponía. Este evento ayudó a transformar al periodismo. Pienso que hoy, después de Venezuela y Colombia, conviene recordar aquella historia.
¿Quién está contando los muertos, quién controla esa cifra y quién se atreve a comprobarla?